El Artículo 33 de la Constitución Española especifica: “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.”

NO existe Ley alguna, que pueda ORDENAR EL CIERRE DE UN ESTABLECIMIENTO, sin previamente haber  informado al propietario de la correspondiente indemnización por los daños económicos causados, siempre que sea por las circunstancias que se cita el Real Decreto 926/2020 (la situación actual).

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