La Corte Constitucional italiana acaba de desestimar las alegaciones que la plataforma CORVELVA (Coordinamento Regionale Veneto per la Libertá Delle Vaccinazione), había interpuesto, ante la implantación de una abusiva Ley de vacunación obligatoria para toda la población, solicitando que la vacunación de los niños fuera una libre elección de los padres, como había venido sucediendo hasta Mayo de 2017. Esta petición estaba respaldada por diferentes entidades de toda Europa, así como de miles y miles de ciudadanos italianos que han salido a la calle en numerosas ocasiones en los últimos meses reclamando sensatez a su gobierno. Así pues, en el actual curso lectivo, toda matriculación de niño italiano de 0 a 6 años ha tenido que ir acompañada de la cartilla con las 12 vacunas obligatorias. Para los niños de entre 6 y 16 años escolarizados se ofrece “más permisividad”, en estos casos, no es obligatorio el cumplimiento del calendario de vacunación, pero, los padres, se van a exponer a multas de 500€ a 7.500€ y a perder la patria potestad, si el médico considera oportuno la denuncia ante el Tribunal de Menores. La Ley también prevé que todo el personal sanitario y educativo debe estar vacunado y con el tiempo, la obligatoriedad va a recaer en toda la población adulta. Algunas empresas ya están exigiendo las vacunas antes de formalizar el contrato de trabajo.

Italia fue elegida en 2014 como líder mundial en la estrategia de vacunas de la mano de Beatrice Lorenzin, Ministra de Sanidad, para formar parte de un experimento de vacunación. La multinacional Glaxo -ver aquí- productora de 41 vacunas forma parte del Ministerio de Sanidad italiano, avalada por la farmacéutica Big Pharma -ver aquí- empresas que “ayudan” al Ministerio de Sanidad italiano a elaborar las Leyes sanitarias, aunque suponga una traición del gobierno italiano hacia su pueblo.

Por otro lado, la Unión Europea, ya está contemplando esta obligatoriedad para todos los Estados miembros.

Francisco Salmerón, Jefe de la División de Productos Biológicos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) advierte de la ilegalidad del uso y promoción de las vacunas -ver aquí-