En 2019, la Ministra de Sanidad Sra. María Luisa Carcedo acusó a Josep Pàmies de un posible delito contra la salud pública y pidió a la Fiscalía que investigara a Pàmies y su entorno, por si incurría en algún delito relacionado con el Dióxido de Cloro (CDS) y tras ocho meses de seguimiento, la Fiscalía General del Estado archivó el caso por no encontrar indicio alguno de delito.
En abril de 2024, la Fiscalía de Barcelona presenta una querella contra Lola Roma y Josep Pàmies, presidenta y vicepresidente de la Asociación Dulce Revolución respectivamente, por un supuesto delito contra la salud pública, por informar sobre los usos del Dióxido de Cloro (CDS) en los canales de difusión de la Asociación y tener a la venta el Dióxido de Cloro (desinfectante) en la tienda online de la misma.
En diciembre de ese mismo año, la Audiencia de Barcelona desestima el caso por considerar que corresponde asumirlo a otro juzgado más cercano al lugar de los hechos.
En marzo de 2025, los Juzgados de Balaguer (Lérida) admiten a trámite tres querellas por un supuesto “delito contra la salud pública” contra Lola Roma, Josep Pàmies y la Asociación Dulce Revolución, quedando citados para declarar en septiembre de 2025. Se inician las alegaciones correspondientes a este proceso.
